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Milongas memorialísticas

El profesor Roberto Villa García publicó el viernes en El Mundo una estupenda tribuna –“La ley de memoria y la cancelación de la Historia” – que debería ser de obligada lectura para todos los que tememos que la denominada ley de Memoria Democrática del Gobierno PSOE-Podemos nos obligue a renunciar a la Historia, para sustituirla por las milongas memorialísticas que avanza el proyecto de ley gubernamental. 

Esa sustitución será el primer paso. Después, de la mano de la obligada renuncia a la Historia, inundada de memorialismo, vendrá la renuncia principal: al presente y al futuro cuando intente apartarse, siquiera mínimamente, de la loa a la única democracia pensable, que es la que define y decide la izquierda gobernante, según el canon memorialístico.

En esa ‘nueva normalidad’ que pretende imponer el Gobierno de Sánchez con su ley de memoria democrática no habrían sido pensables, por ejemplo, ninguno de los libros del profesor Villa García. 

El último, “1917, el estado catalán y el soviet español” (aquí puedes leer la reseña completa), podría haber quedado anulado antes de llegar a la imprenta. Peor suerte habría tenido (o tendrá) el que publicó con el profesor Manuel Álvarez Tardío: “1936, Fraude y violencia en el Frente Popular”. Posiblemente, ninguno de sus libros habría superado el “aparato de vigilancia y control de la discrepancia” que prevé la ley memorialística del Gobierno. 

 

De momento, pueden comprarse aquí:

Como se señala en la tribuna que mencionábamos al principio: “además de la imposición pública de un relato, la ley consagra todo un aparato de vigilancia y control de la discrepancia, formado no ya por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática sino también por una Fiscalía de Sala y un consejo donde figurarán las asociaciones memorialistas, y que entenderá sobre el desarrollo reglamentario de la ley, su aplicación y hasta de la concesión o no de dinero para actividades de investigación. También se establece un sistema de sanciones administrativas, impuestas directamente por esta Secretaría a instancia de cualquier individuo que sienta ofendida o humillada la dignidad de las víctimas, con multas de hasta 150.000 euros para quien cuestione el relato oficial por cuanto incitan a «la exaltación de la sublevación militar, la Guerra o la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial».

La amenaza no es pequeña. De hecho, este texto legal es, posiblemente, la clave de bóveda del nuevo sistema político con el que sueña la izquierda gobernante para imponérnoslo, como pesadilla, a todos los demás. 

Hará falta mucho coraje para mantener la determinación que pide el profesor Villa García: “Con sanciones o sin ellas seguiremos defendiendo que la historia es propiedad de todos, y que no puede sernos expropiada en provecho de causas ideológicas presentistas y de afanes de apropiación permanente del poder”. Pues eso. 

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